LA GUERRA DE LAS TORTILLAS

Muchas familias han visto impactada su economía, pues están pagando el producto a un nuevo precio, esté o no justificado, esté o no autorizado

Por Ricardo Téllez

Round 1: En noviembre de 2017, dos liderazgos regionales y un funcionario estatal del Gobierno de Jalisco, intentaron dar un madruguete a la economía mediante la organización de un aumento coordinado en el precio de la tortilla.

Round 2: Lo ocurrido en Jalisco, derivó una investigación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), instancia que terminó por sancionar a quienes de esta manera incurrieron en prácticas monopólicas absolutas en el mercado de producción y comercialización de tortillas.

Round 3: A inicios del presente año y no sin antes algo de especulación respecto a los productos que aumentarían sus precios al arranque del 2018, la industria de la tortilla ahora sí dio un madruguete y las familias del país y del estado tuvimos que ver cómo se encarecía este alimento básico para nuestros hogares, aunque no de manera generalizada. El gremio alegó un alza en sus insumos, lo que en consecuencia provocó el ajuste necesario en el incremento del precio final.

Round 4: El día 2 de enero, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía (SE), emitió un comunicado donde declaró como injustificado el aumento en el precio de la tortilla, ya que no era cierto el apelado incremento en insumos que alegó la industria, pues el principal insumo, que es el maíz blanco, en vez de aumentar su costo tuvo una disminución del 11% en comparación al precio de hace un año, es decir, en enero de 2017 el precio de la materia prima era 11% menor. En dicho documento se advirtió además que hacer declaraciones anticipadas sobre un ajuste coordinado en el precio de la tortilla era una franca violación a la Ley de Competencia Económica. Asimismo, se adelantó que se estaría vigilando y sancionando, en su caso, cualquier aumento arbitrario en los precios de la tortilla.

Round 5: La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) reaccionó ante la medida unilateral, y emprendió un operativo para vigilar que no se vendiera el producto a un precio mayor al autorizado. En Nayarit, el delegado estatal de la dependencia, Marco Antonio Figueroa Martínez, hizo eco de las declaraciones emitidas por la Secretaría de Economía (SE) en el sentido de que no se justificaba tal incremento en virtud de que el principal insumo para la elaboración de la tortilla, había bajado su costo en comparación al que tenía en enero de 2017. Añadió que la dependencia del estado había intensificado las verificaciones en tortillerías, así como en los principales establecimientos comerciales en diversos puntos de la entidad, donde, en caso de encontrar aumentos injustificados en los productos, se sancionaría al negocio.  El funcionario federal dijo además que el Gobierno de la República, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, estaba listo para utilizar todos los instrumentos con los que cuenta para contener aumentos arbitrarios a los precios de este producto.

Round 6: El pasado lunes 15 de enero, el presidente de la Cámara Nacional de la industria la Transformación (CANACINTRA) en Nayarit, Fernando Sánchez Zatarain, salió al quite para defender a los industriales, alegando que el incremento  de dos o tres pesos más por cada kilo de tortilla, era consecuencia las reformas estructurales, ya que el costo de los energéticos se había disparado en el país. En respuesta a lo señalado por la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, el líder de los industriales en el estado dijo que el maíz no era el único insumo para la elaboración del producto, sino que además incurren en gastos de gas, luz y combustible, los cuales sí han aumentado de un 20 a 30%, lo que impacta en el gremio. Por si fuera poco, adelantó que el precio se podría incrementar aún más llegando a costar hasta 20 o 22 pesos por kilo en el primer semestre de este año.

Round 7: El delegado estatal de la Profeco en Nayarit, Marco Antonio Figueroa Martínez, respondió el pasado miércoles a las declaraciones del presidente de la Canacintra en el estado,  afirmando que en tanto no se comprueben los incrementos que tratan de usar como justificación para un alza en las tortillas, la Profeco seguiría aplicando sanciones a quienes cobraran más de los precios oficiales del producto, los cuales son de 15 a 16 pesos. Apuntó que no basta decir que los insumos aumentaron para hacer lo propio en el precio del producto, sino que se requiere presentar un estudio completo a la Comisión Federal de Competencia Económica la cual tendrá que hacer un análisis junto con sus agremiados nacionales, en el que deberán de determinar por zonas si proceden los aumentos y a cuánto ascenderían. Pero en tanto no se termine por alguna instancia oficial si es viable o no el aumento del precio del producto, los industriales y comercializadores de la tortilla no podrán elevar sus precios.

¿Quién ganará esta contienda?  No sabemos todavía en qué irá a parar este asunto, pero lo que sí sabemos es que mientras logran ponerse de acuerdo, de facto, muchas familias han visto impactada su economía, pues están pagando el producto a un nuevo precio, esté o no justificado, esté o no autorizado. Y que conste que no es el único producto o servicio que las familias han tenido que pagar a un precio mayor que al del año pasado.

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