A FONDO: ¿Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN?

Comparado con los países que forman el G20, México ocupa la posición número 17 de 19, apenas arriba de Argentina y Rusia; y, en relación a las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tiene el último lugar.

 

Por Ricardo Téllez

El combate a la corrupción es una de las promesas más socorridas en los últimos tiempos y al parecer lo seguirá siendo en tanto no se perciba una mejora sustancial. El más reciente ranking que año con año publica Transparencia Internacional (TI) refleja que si bien México subió ocho posiciones al pasar del lugar 103 al 95, en realidad esto no significa mucho pues, en todo caso, la calificación es prácticamente la misma, ya que en 2014 nuestro país obtuvo 35 puntos, los mismos que en 2015. Transparencia Internacional señala que para considerar un cambio significativo en la calificación de un país, debe de haber un aumento o disminución de 4 puntos o más, algo que en realidad no ocurrió con México, por más lugares que haya “escalado”.

El Índice de Percepción de la Corrupción es elaborado por un grupo de expertos provenientes de diferentes naciones, quienes evalúan y clasifican a 168 países, utilizando una escala de 0 a 100, donde los valores cercanos a 0 indican el mayor grado de corrupción percibida en el sector público, en tanto que los próximos a 100 refieren un menor grado. Con base a esta metodología, por sus 35 puntos obtenidos, México se encuentra más cercano a los altos grados de corrupción.

Comparado con los países que forman el G20, México ocupa la posición número 17 de 19, apenas arriba de Argentina y Rusia; y, en relación a las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tiene el último lugar.

En comparación con los países del continente y con los que México tiene acuerdos comerciales (11), solamente 2 socios tienen peor calificación que nuestro país (Guatemala y Honduras). Comparativamente con sus principales socios comerciales, enfrenta una seria desventaja, pues Canadá es percibido como el país menos corrupto de América, con 83 puntos, seguido de Estados Unidos con 76 puntos.

Desde hace más de 5 años, el G20 (el grupo de los 20 países con las economías más grandes y dinámicas en el mundo), cuenta con un Grupo de Trabajo Anticorrupción (GTA), mismo que se creó para promover el combate de la corrupción entre los países miembros, dado los efectos nocivos de la misma a nivel global. México, como miembro del G20, asume como propios los compromisos planteados en rubros tales como el soborno internacional, compras públicas, datos abiertos, transparencia fiscal y presupuestaria, y transparencia e integridad en el sector privado, entre otros. Temas en los cuales tampoco hay avances, incluso en el sector privado.

El estudio “El efecto de la corrupción en emprendedores y mipymes” realizado por la Secretaría de Economía (SE) y el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), señala que el 15% de las pymes (pequeñas y medianas empresas) reconocen haberse beneficiado de la corrupción.

No solo eso, el estudio de alguna manera plantea a la corrupción casi como un “requisito” para emprendedores, pues según destaca, a nivel nacional entre el 5.8% y 10% de las pymes se topa con ella al momento de acudir a las dependencias de gobierno claves para el emprendimiento. “El sector de mipymes más afectado por la corrupción es el industrial, seguido por el comercial. El sector industrial podría ser el más afectado al requerir más permisos para operar, además de que, por su mayor escala, es probable que cuenten con menos opciones de salida o reubicación que les permitan evadir la corrupción”, sostiene el trabajo.

Entre las razones por las cuales los empresarios incurren en actos de corrupción, la más común es el soborno para acelerar un trámite, seguido para ser beneficiario de un programa de gobierno.

A como lo veo, al menos en lo que plantea el estudio, no es que los empresarios gusten de incurrir en actos de corrupción sino que para ellos llega a representar una “aduana” impuesta por los malos funcionarios, es decir, el soborno es visto como un “mal necesario” si es que desean que las autoridades cumplan con su trabajo. No creo que el 15% de empresas que se han beneficiado de la corrupción, tenga mayor peso que el 55% de los emprendedores que consideran que la corrupción ha perjudicado a su empresa o negocio, según releva el propio trabajo “El efecto de la corrupción en emprendedores y mipymes”.

Además, se estima  que los costos de la corrupción en nuestro país significan 1.5 billones de pesos y el gasto que las empresas mexicanas han tenido que erogar por actos de corrupción equivale al 15% de sus ingresos totales. Así las cosas, pocos se atreverían a afirmar que, en términos globales, las empresas se benefician de la corrupción.

Adicionalmente, no debemos de perder de vista que se trata de recursos que, por la forma de ser empleados, no ingresan a la economía formal, sino que queda en manos de privados o terceros quienes desde luego no los reportan y por lo tanto no son ingresos fiscalizados ni derivan impuestos ni contribuciones destinados al bien público. Por donde se le vea, es perjudicial, solo unos cuantos se benefician de ella.

Es cierto, aún se puede y debe de hacer mucho en el ámbito empresarial. Los programas de integridad y los códigos de ética y conducta son un buen punto de partida  y sobre este tema hay un amplio campo de oportunidad. Según la firma consultora de origen suizo KPMG, en nuestro país 5 de cada 10 empresas no cuentan con un programa antisoborno o contra la corrupción por escrito.

No obstante, tener este tipo de programas tampoco garantiza nada y menos cuando estas empresas se topan luego con dependencias o funcionarios que no cumplen sus funciones si no fuera con una “mordida” de por medio.

El pasado 18 de marzo, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó en un evento organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que la corrupción no sólo existe en el sector público, sino que también se practica en la iniciativa privada, aunque tiene razón, para algunos no dejó de ser un reproche ante las críticas que se la han hecho por el incumplimiento en materia de combate a la corrupción, una aceptación tácita de que sí hay corrupción en el gobierno pero con la recriminación de que los empresarios tampoco están limpios. En mi opinión no se trata de ver quién corrompe a quién, quién es menos o más corrupto, sino qué se está haciendo para combatir este cáncer social, económico y político, cada quien desde su trinchera. Está visto que hay más interés de parte de la sociedad civil y de los propios empresarios, por hacer algo al respecto que de parte de la clase política, por ejemplo, a pesar de que desde hace un año está aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción, es hora de que no puede arrancar como debe de ser debido a que no terminan de sacar las reformas secundarias necesarias, mismas que debieron quedar listas desde febrero del año pasado, uno a otro partido se acusan de quererlas bloquear o sabotear; en tanto, la iniciativa Ley 3de3, una iniciativa de origen ciudadano pero ampliamente respaldada por los empresarios y que promueve la obligación de los políticos de presentar sus tres declaraciones (patrimonial, de intereses y fiscal), ha tenido mayor avance en menos tiempo. Es evidente dónde está el principal obstáculo en contra del combate a la corrupción.

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