A FONDO: EL DERECHO DE UNOS; EL EFECTO EN TODOS

Habrá que reconocer que el consumo de la mariguana en México sí es un problema social y dudo mucho que el amparo concedido a cuatro personas para su consumo venga a contribuir en su solución, por el contrario, antes bien podría agudizarlo de darse, como se espera, una oleada de nuevas solicitudes de amparo

 

Por Ricardo Téllez

Los primeros estudios hechos sobre el consumo de mariguana en el País indicaban que aproximadamente el 30% de los jóvenes universitarios la consumían, pero en las más recientes encuestas los porcentajes rondan el 50% y eso de “recientes” es un decir, pues la última Encuesta Nacional de Adicciones data del 2011; en 4 o 5 años, los números pueden variar y no creo que a la baja.

Pero no es solo el aumento en el consumo lo alarmante, sino también la disminución en las edades de quienes la consumen por primera vez. En septiembre pasado, el titular del Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Manuel Mondragón y Kalb, reconoció que no solo el consumo de la mariguana ha aumentado, sino también de la cocaína, metanfetaminas y crack, y que la edad promedio descendió de 12 años a 11 años y medio.

En este sentido habrá que reconocer que el consumo del enervante sí es un problema social y dudo mucho que el amparo concedido a cuatro personas para su consumo venga a contribuir en su solución, por el contrario, antes bien podría agudizarlo de darse, como se espera, una oleada de nuevas solicitudes de amparo.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendieron los derechos individuales de unos y desestimaron las repercusiones no solo de salud, sino también las sociales implicadas en el ejercicio de ese derecho. De ahí la reacción del Presidente Enrique Peña Nieto, quien hizo un pronunciamiento inmediato apenas supo la resolución. Lo ilustrativo no fue tanto lo que dijo, que fue tratar de precisar y evitar confusiones respecto al alcance de la resolución de los ministros, sino su lenguaje corporal: su rostro, un tanto desencajado, denotaba preocupación y no es para menos.

A finales de enero de este año, el Ejecutivo federal dio a conocer el Programa de Prevención y Atención de Adicciones. Las palabras que pronunció Peña Nieto durante la presentación expresan una realidad innegable y dolorosa, misma que quedó al margen de las discusiones en la SCJN:

“Las adicciones acaban con los sueños de quienes las padecen y son una fuente de dolor y preocupación para sus familiares y seres queridos. Para un padre de familia, la mera sospecha de que su hijo consume alguna droga es una situación angustiante que pocos saben enfrentar adecuadamente. En las escuelas, en los centros de trabajo y en las colonias, las adicciones dañan la convivencia, la confianza e, incluso, la seguridad de sus integrantes”.

De ahí que esta “legalización disfrazada” –como ya la califican algunos- no deje de ser un motivo de preocupación, sobre todo porque al dejar el antecedente, en adelante las solicitudes de amparo que se realicen, se entiende que deberán correr con la misma suerte, es decir, no habrá de otra más que la aprobación y así hasta que se conforme jurisprudencia. Esas cuatro personas que solicitaron el amparo solo expusieron razones de defensa con respecto a su derecho a decidir sobre sí mismos, esto es, no hubo de por medio motivos de salud como ya se ha dado el caso, sino simplemente y porque así lo quieren, lo que puede resumirse –si me lo permite- por el simple derecho de “meterse lo que cada uno quiera en su cuerpo”, aunque le haga daño, porque si bien al inicio del debate se corrió con fuerza el argumento de que la mariguana no era nociva, al final quien presentó la ponencia, el ministro Zaldívar, reconoció que sí lo es, pero lo hizo de la peor manera posible al señalar eufemísticamente que la afectación que produce es “no tan grave” o “no tan dañina”, casi como dijeran en un chiste que el tabaco es más peligroso que la mariguana, porque pulmones solo tenemos dos pero en cambio neuronas, millones. Resultan inaceptables pues esos razonamientos.

En lo personal no es que esté en contra de la legalización, por el contrario, más bien espero un amplio debate, pero donde se contemplen todas las aristas habidas y por haber, e incluyendo las voces de expertos y de la propia sociedad civil, porque al menos en mi apreciación, desde que arreció el activismo en México a favor de la legalización contagiado por lo emprendido en otros países, allá por el 2013, los argumentos que se han dado para hacerlo no son tan sólidos.

Son tres los argumentos principales sobre los cuales se pretende fundar la despenalización de la mariguana en México: disminución de la violencia; reducción del gasto en el combate; y, la inocuidad o bajo riesgo en el consumo de la droga.

Respecto al primero, quienes afirman que así se acabaría con la violencia pierden de vista que la mariguana es solo una de las 6 principales drogas que dominan el narcotráfico, pues también están la cocaína, heroína, anfetaminas, metanfetaminas y el crack; todas ellas también forman parte de la cruenta lucha por las plazas entre el crimen organizado. Además, hay que ver lo que pasa en Estados Unidos, un país en el que no está generalizado el uso legal de las drogas y donde se cuentan con mejores esquemas de prevención y tratamiento de la adicción, según un estudio realizado por el Departamento de Justicia en 2011, de 1968 al 2007 fallecieron un promedio anual de 20 mil personas por hechos relacionados al consumo de drogas.

Con respecto a la idea de que bajaría el gasto de las autoridades, tampoco hay razones para pensar que así sería. Si la mariguana no es la única droga ilegal que se combate en México y si solo se plantea legalizarla a ella, no hay razón entonces para asegurar que el dinero invertido en el combate al tráfico de drogas se reduzca, pues en la práctica los mismos grupos que dominan el mercado de la mariguana, lo hacen con el resto de los estupefacientes, por lo que el combate continuaría; además, necesariamente se tendrían que incrementar los presupuestos para la prevención y rehabilitación.

La supuesta “inocuidad” o bajo nivel de adicción o daño de la mariguana es otro argumento de quienes apoyan su legalización, aun cuando las evidencias científicas apuntan lo contrario. Estudios del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland revelan algunas consecuencias del consumo: 9% de las personas que alguna vez probaron la mariguana se vuelven adictas, mientras que entre los adolescentes el porcentaje se eleva a 16%; la cannabis altera la consciencia, deteriora la memoria, distorsiona la percepción, causa delirios y alucinaciones, provoca taquicardia y somnolencia, disminuye la presión sanguínea, reduce la espasticidad y deteriora la coordinación, y aumenta el riesgo de enfermedades siquiátricas como la esquizofrenia. Según la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, en un estudio realizado a 37 mil neozelandeses concluyeron que las personas que comenzaron a fumar mariguana de manera habitual antes de los 18 años perdieron hasta ocho puntos de cociente intelectual; la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 en México, revela que la cannabis también incide en el cáncer testicular, infertilidad, depresión e ideas suicidas, malformaciones en neonatos, muerte súbita, entre otros efectos. Ante este panorama, es innegable que la consideración de que la afectación “no tan grave” o “no tan dañina” es infundada, por lo que la lógica de supuestamente hacer un bien mayor (respetar el derecho de las personas a decidir sobre lo que “se meten”), por encima de un mal “menor” (la afectación “no tan grave” o “no tan dañina”), no es congruente con la realidad. Si se habrá de legalizar, que se haga, pero con sólidos argumentos y con una perspectiva integral, no solo con base a apreciaciones parciales y razonamientos débiles.

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