A FONDO: LA CRISIS DE LA PARTIDOCRACIA

“El hecho de que solo el 19% de la población confíen en los partidos políticos y que sean éstos las instituciones con menos credibilidad en México, debiera ser una razón contundente para que se reformaran, pero nada está más lejos de la realidad”

7-partidos

Por Ricardo Téllez

La crisis de credibilidad en los institutos políticos en general en nuestro País, no es obra de la casualidad, sino que se trata de una consecuencia natural de la manera en la que se han conducido como instituciones, así como por la manera en que han ejercido el poder quienes acceden a éste a través de ellos como vía. El hecho de que solo el 19% de la población confíen en los partidos políticos y que sean éstos las instituciones con menos credibilidad en México, debiera ser una razón contundente para que se reformaran, pero nada está más lejos de la realidad, por el contrario, continúan con sus viejas prácticas y formulismos.

Estamos inmersos ya en un proceso electoral y en éste pasará lo que siempre pasa y que al parecer no dejaremos de seguir viendo en tanto no se algo serio al respecto: la designación de candidatos por dedazo, no por consulta a las bases ni mucho menos procesos de democracia interna; los “chapulines”, maromeros y similares, que brincan de un cargo a otro o de un partido a otro con tal de seguir en el poder, lo que deja en claro que son sus intereses personales y patrimonialistas los que los mueven, más que el deseo de servir a la sociedad; la aniquilación de la meritocracia; entre otras muchas cuestiones.

Por si fuera poco, la sociedad no solo no se siente representada a través de los partidos políticos, sino que tanto en sus cúpulas o sus “productos” (candidatos que acceden al poder), no están los que deberían de estar. En cuestión de candidatos, salvo honrosas excepciones, gran parte de ellos no tiene los méritos suficientes para ejercer un cargo de representación popular y actualmente menos. No se trata solo de una trayectoria política a base de trabajo social, sino además de un perfil adecuado para entender los grandes temas y problemas que se deben resolver en un gobierno. Aunque tener un título universitario o ser una eminencia en un tema no es una garantía de que será buen gobernante, al menos sí se debería de considerar ciertas competencias en el perfil ideal del abanderado. Y ni qué decir de otro elemento importante como lo es la solvencia moral.

Pero en nuestro sistema político instaurado principalmente por los partidos políticos, poco de esto ocurre. No fue sino hasta que ocurrió el caso de Iguala, con el Alcalde José Luis Abarca, en el que los institutos políticos comenzaron a hablar de “blindar” los procesos de selección de candidatos para evitar que este tipo de personas se filtren y accedan al poder, como si el caso de Abarca hubiera sido el único o el primero, o como si nunca nadie supiera desde antes la clase de persona que era, lo cual no es el caso. Sin embargo, este caso es ejemplar para ilustrar cómo, desde las cúpulas de los partidos se han desplazado la meritocracia por la “dedocracia”, “cleptocracia” y hasta “kakistocracia”.

Los candidatos ya no se eligen –en su mayoría- por los méritos de los mismos; por su trayectoria, por su experiencia, por su solvencia, por su entrega, etc., sino por quien sea elegido desde arriba, por favores políticos, por negociaciones, por conveniencias y hasta nomás para mantener el registro del partido (casos de Cuauhtémoc Blanco, el payaso “Lagrimita”, actores, deportistas, etc.). Esto de la desconsideración de la meritocracia luego se replica en el ejercicio del poder, donde se designan a los titulares de dependencias públicas a gente que no sabe nada sobre el ámbito de actuación donde se desempeñará pero sí es del “equipo” del gobernante, y hasta puede no serlo, pero se hace la concesión como resultado de una negociación.

El uso patrimonialista del poder, el enriquecimiento súbito de quienes llegan a él, es lo que ha configurado el concepto del “cleptocracia”, el cual se trata de un neologismo que sirve para designar a esa forma de gobierno cuyas características de su ejercicio radican en el robo patrimonial, la corrupción institucionalizada y muchas otros vicios que son innegables en el sistema político mexicano, tal vez no como una generalidad, pero sí con alto grado de incidencia como son el nepotismo, el clientelismo político, el peculado, la impunidad, etc., y que a la larga puede consolidarse en una “kakistocracia” donde quienes gobiernan “son los peores”.

Lejos de una reforma partidaria, éstos se siguen reproduciendo con los mismos vicios de los demás. En México, algunos presumen de que “gozamos” de una pluralidad en cuanto a que tenemos un “multipartidismo”, pero en este caso más no significa necesariamente mejor, sino por el contrario, sí representan mayor carga fiscal para el pueblo mexicano, pues se trata en algunos casos no de mejores opciones políticas, sino de “empresas” políticas que sirven para obtener prerrogativas traducidas en cuantiosos recursos económicos.

Es urgente y necesario que se emprendan algunas modificaciones sustanciales que ayuden a moderar los excesos en que la clase política ha incurrido bajo el argumento de la democracia y ante la permisibilidad del sistema político en México.

Entre algunas de las medidas que considero deben ser tomadas en cuenta, me permito plantear las siguientes:

  1. Elevar los criterios para constituir un partido político. Se requieren más adeptos para registrar a un candidato independiente que a para todo un partido político. Para un partido político nacional se ocupa el 0.26% del padrón electoral en tanto que para un candidato independiente para la Presidencia el 1%, para una senaduría el 2% del padrón de la entidad correspondiente y para una diputación el 2% del distrito electoral.
  2. Elevar los criterios para conservar el registro de un partido político. Aunque con las modificaciones del año pasado se elevó el porcentaje mínimo de votación que debe obtener un partido para mantener su registro, pasando del 2% al 3%, me parece que dicho porcentaje sigue siendo insuficiente. ¿Qué tan representativo puede ser considerado un partido político por el cual solo votó un 3%? Cabe señalar que ni siquiera se trata del 3% del total de mexicanos, ni del padrón electoral, sino del 3% de los que votaron en la jornada electoral. ¿Por qué no pensar en un 5% del padrón o un en 10% como mínimo de los que votan? Creo que ahí sí ya estaríamos hablando de un poco más de representatividad.
  3. Limitar el número de alianzas a los partidos. Hay institutos políticos que en cada proceso electoral siempre están aliándose con partidos fuertes, porque sus cuadros no son ni tan buenos ni cuentan con el respaldo popular suficiente para obtener la votación mínima requerida para mantener el registro, por lo que se trata simplemente de una estrategia para seguir gozando de las prerrogativas. ¿No sería bueno ponerles un “hasta aquí”?Si no se preocupan por tener buenos cuadros, por ser representativos de la población y obtener su respaldo, si no logran convencer con sus propuestas (algunos ni siquiera las tienen), ¿para qué seguirlos manteniendo? En este sentido, una regulación que limite a un partido a participar en un máximo de “x” procesos electorales coaligado, sería una buena medida. Si se reduce el número de partidos, habría posibilidades de disminuir los porcentajes de recursos que se destinan a los partidos políticos. Si solo consideráramos a las 3 principales fuerzas políticas de México, para este año electoral solo se invertirían 3 mil 420 millones de pesos y no los 5 mil 356 millones presupuestados, solo por citar un ejemplo, habría un ahorro de mil 935 millones de pesos, tan solo en este año.
  4. Poner candados a los “chapulines”. No me refiero a los que brincan de un partido a otro para obtener una candidatura, sino a aquellos que se eternizan en cargos de representación popular. Si la “Revolución Mexicana” (tan recurrida por los políticos cuando les conviene) tuvo como causa el “sufragio efectivo no reelección”, ¿Por qué habríamos de permitir que algunos personajes se eternicen en el poder? Todo político debería de tener un ciclo, una carrera política clara y no más. En nuestro sistema político tenemos personajes que se la viven de un cargo a otro; gente que ha sido más de una vez senadores o diputados federales, alcaldes, etc., y que por si fuera poco alternan esas actividades con titularidades en dependencias públicas. Son personas que se han enquistado en el poder y que tienen –por lo general- muchos compromisos de por medio. Y los hay en todos los partidos. Aun cuando se considera conveniente oxigenar la clase política, renovar cuadros, etc., los mismos políticos se han encargado de establecer las condiciones adecuadas para seguir manteniéndose en el poder. Con las reformas aprobadas en diciembre de 2013, a partir de 2018 los diputados y senadores podrán aspirar a la reelección. En el caso de los senadores, será por un periodo adicional para completar un total de 12 años, mientras que los diputados podrán optar por tres periodos consecutivos más para un total también de hasta 12 años. Faltaría agregarle los años que acumulen como regidores, alcaldes, gobernadores, cuando vaya por un partido y cuando vaya por otro, así como los que sumen como titulares en dependencias públicas, etc., etc.
  5. Ajustar las percepciones a la realidad mexicana. Probablemente una de las razones para que haya quienes se obsesionen y hagan hasta lo imposible por ocupar un cargo público, despertando ambiciones personales, más que de servicio, son los ingresos que se obtienen. Regidores, diputados, alcaldes, gobernadores, diputados federales, senadores y, desde luego, el Ejecutivo federal, tienen percepciones sumamente desproporcionadas a nuestra realidad económica; ganan como si fueran gente de primer mundo, incluso más; en términos proporcionales (comparando con base a los salarios mínimos), hasta un diputado gana más que el Presidente de los Estados Unidos. Un senador percibe al año 2 millones 585 mil 580 pesos brutos; un diputado federal percibe en bruto un ingreso anual de un millón 464 mil 423 pesos. ¿Es congruente esa percepción? Por si fuera poco, operan en la opacidad. Es terrible que en el marco del anunciado combate a la corrupción, a los esfuerzos emprendidos hacia la transparencia y rendición de cuentas, donde la clase política debería de ser la primera en cumplir, sean los que menos se apeguen. No es posible que teniendo 628 representantes populares federales (entre senadores y diputados federales), solo 4 de ellos hayan accedido a presentar su declaración patrimonial ampliada. Así trascendió que los senadores, por ejemplo, reportan ganar 120 mil pesos mensuales netos cuando en realidad perciben 215 mil pesos mensuales brutos. Y aún hay más, los porcentajes que se les descuentan por concepto de impuestos son mucho muy inferiores a los del resto de la población, ¿por qué?
  6. Autocrítica y reforma partidaria. Esta tarea es difícil que sea regulada desde fuera, sino que más bien compete a todos los militantes y simpatizantes de los diferentes partidos. Si pregonan la democracia como uno de las más preciadas conquistas en nuestro país y como uno de los máximos valores sociales, ¿por qué no la practican al interior? Los procesos de elección democrática interna, deberían de ser la norma y no la excepción. Y ya ni hablamos de revisar qué tanto están cumpliendo con sus idearios partidarios, con declaración de principios, el apego a su programa de acción y estatutos. Creo que hasta en eso nos quedarían mucho a deber.
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